La Orden ICT/155/2020 de control meteorológico que se publicó en febrero de 2020 daba como límite 8 años desde esa fecha para la sustitución de los contadores de gas. Así, la transición de contadores de analógicos a digitales en España se irá haciendo de forma progresiva hasta la fecha límite en 2028. Es un gran paso para gestión energética, mejorando la precisión y la eficiencia.
Este cambio no solo elimina las lecturas estimadas, sino que también ofrece la oportunidad de ahorrar más al tener un control total sobre el consumo de gas.
¿Qué cambio se produce en la normativa de contadores del gas?
Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) el gas natural es la fuente de energía de alrededor de 6 millones hogares principales en España para calentar el agua, cocinar y poner la calefacción.
Con esta nueva normativa se establece que todos los contadores analógicos de gas deben ser cambiados por inteligentes, que permiten una medición y transmisión precisa del consumo real, lo que asegura una facturación veraz y justa. Esto representa un avance significativo respecto a los contadores analógicos, que daban un dato estimado que muchas veces aumentaba el coste de la factura.
Además, ya no será necesario que un trabajador de la compañía del gas entre en tu casa para hacer la lectura y anotar los números que aparecen en el dispositivo. El consumo se transmitirá vía radio sin que esto sea revisado por una persona.
¿A partir de qué fecha va a ser obligatoria la instalación de contadores de gas inteligentes?
Los analógicos ya están empezando a ser sustituidos por digitales en diferentes comunidades de vecinos. Esto deberá suceder en todo el país progresivamente hasta el 2028, cuando estos serán obligatorios. Siguiendo así la tendencia del resto de países del continente, pues en Europa 6 de cada 10 contadores ya son digitales.
La sustitución de equipos analógicos comenzará con los que tengan más de 20 años y este cambio no supondrá ningún coste para los clientes. El precio del alquiler de los dispositivos digitales es igual que el de los antiguos, 1,10 €. Este coste lo fija el regulador, en este caso la Comisión Nacional de Mercados de Competencia (CNMC).